Abelina puso la cara.
Morillón puso la firma.
Contratos directos. Documentos que se contradicen. Millones comprometidos. Auditorías que no terminan de cerrar.
Ahora le toca poner las pruebas.
Cada tarjeta lleva a una sección de la investigación documental.
FAISMUN 2023, la revisión federal y la falta de una constancia formal de liberación.
La solicitud 1100-36 y el CFDI asociado presentan cantidades diferentes.
Tres contratos de maquinaria y once días de coincidencia entre dos periodos.
La diferencia aritmética existe; la explicación técnica queda pendiente.
Un contrato comprobado y otro atribuido que no pudo reconstruirse íntegramente.
Cuentas públicas 2022 y 2024 y el problema de conocer cómo terminaron.
Ocho elementos documentales que, juntos, exigen trazabilidad y explicaciones.
Preguntas concretas que pueden responderse con documentación municipal.
Contratos, CFDI, solicitudes, padrones, observaciones y resoluciones revisadas.
Mientras Abelina cargó públicamente con el señalamiento por casi 900 millones de pesos, el responsable de administrar y explicar las finanzas permaneció en segundo plano.
Cuando el FAISMUN 2023 se convirtió en uno de los mayores señalamientos contra el gobierno de Acapulco, hubo un nombre en desplegados, conferencias y acusaciones: Abelina López Rodríguez.
La alcaldesa puso el rostro. Detrás de las cuentas, contratos y aclaraciones estaba la Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada por Carlos Armando Morillón Ramírez.
La Corte invalidó la auditoría estatal porque el dinero era federal y la revisión correspondía a la ASF. Después, el Ayuntamiento aseguró que 511 obras habían sido revisadas y que no quedaban observaciones pendientes. Pero Morillón reconoció que todavía no contaban con una constancia formal de liberación.
La primera contradicción cabe en una línea. El problema es que llegó hasta la casilla de autorización.
Camión de volteo de 7 m³ mencionado en el concepto.
Camiones de volteo facturados dentro de la misma operación.
La solicitud de pago 1100-36 parecía un trámite rutinario: renta de maquinaria para atender residuos, tierra y escombro. El monto era de $2,426,915.11.
Pero dos documentos del mismo expediente cuentan historias diferentes. La solicitud menciona un camión. El CFDI factura dos.
Al final, en el espacio destinado a quien autoriza, aparece el nombre y la firma de Carlos Armando Morillón Ramírez.
La contradicción no demuestra por sí sola un desvío. Sí acredita que un expediente con cantidades distintas llegó hasta la autorización del hombre encargado de vigilar las finanzas municipales.
Morillón no es un firmante menor. En septiembre de 2022, el Cabildo le otorgó facultades para manejar cuentas municipales, contratar servicios bancarios y librar cheques.
Tres contratos, dos proveedoras, periodos continuos y once días de coincidencia.
19 mar – 19 abr / 200 h
20 abr – 30 may / 336 h
20 may – 20 jun / 200 h
La solicitud de pago está fechada el 8 de abril, once días antes del final del periodo. El expediente debe mostrar cuándo se completaron y aceptaron las 200 horas.
Al normalizar los importes por hora, las tarifas son menores que en /045. Eso evita una acusación falsa, pero no identifica qué máquinas trabajaron, dónde y bajo qué supervisión.
El tercer contrato coincide once días con /076. Los objetos son distintos; para descartar duplicidad se requieren series, placas, operadores, bitácoras, coordenadas y frentes de trabajo.
No equivale por sí solo a dinero pagado ni a daño al erario. Sí exige una trazabilidad operativa que el ciudadano pueda comprobar.
Sin bitácoras y actas de aceptación, el ciudadano sólo ve tres contratos, periodos prácticamente continuos y millones cuya operación no puede reconstruirse por completo desde la información pública.
La diferencia aritmética es real. La explicación técnica sigue pendiente.
$2,797,340 · Promedio de $999.05 por pieza.
$4,856,548.94 · Promedio de $1,993.66 por pieza.
El 22 de octubre de 2025, FRONTIS cotizó 2,800 piezas para Seguridad Pública. Seis días después, la orden de compra 123-2025 fue asignada a Ana Karen Mondragón González.
73.6% más dinero por una cantidad 13% menor de artículos. El costo promedio por pieza casi se duplicó.
La orden adjudicada contiene algunas especificaciones que no aparecen con el mismo detalle en la cotización de FRONTIS. Eso impide asegurar que ambos paquetes fueran idénticos. Pero no desaparece la diferencia.
Si existía una razón para gastar dos millones adicionales por menos productos, tendría que encontrarse en el estudio de mercado, las cotizaciones comparadas, el anexo técnico y el dictamen de adjudicación.
Un contrato está comprobado. El otro sigue sin poder reconstruirse desde el portal municipal.
Renta de maquinaria en Paso Texca. Adjudicado a Monserrat Herrera Téllez como persona física.
Diez vehículos por doce meses. El documento íntegro no fue localizado en los archivos oficiales revisados.
El contrato MAJ-AD-2025/095 lleva la firma de Morillón por parte del Ayuntamiento. Su monto fue de $1,753,920.
Además, documentación difundida públicamente atribuyó a Asociación Monteli, S.A. de C.V., representada por Herrera Téllez, el contrato MAJ-AD-2025/011 por $6,012,675.79.
Monteli sí aparece en el padrón municipal como una microempresa reciente relacionada con la renta de vehículos y maquinaria. Ser una compañía nueva no demuestra una irregularidad.
Pero una operación superior a seis millones exige acreditar experiencia, capacidad material, vehículos disponibles, cotizaciones, bitácoras y pólizas.
Cuando una cifra no cuadra, la respuesta oficial suele ser la misma: se aclarará.
Morillón dijo que las observaciones serían solventadas. No se localizó una resolución final pública.
Probable daño por sueldos fuera del tabulador. Finanzas respondió que era una diferencia de criterios.
Una observación no equivale a una sanción definitiva. También puede ser aclarada. El problema es que el ciudadano necesita conocer cómo terminó.
El señalamiento que terminó cargando Abelina: $898.6 M. La Corte anuló la auditoría estatal por falta de competencia. El municipio afirmó que la revisión federal estaba cerrada, pero aún no mostraba una constancia formal de liberación.
Si el gasto estaba completamente comprobado, ¿por qué Finanzas no tenía listo el documento capaz de cerrar la acusación?
Cada episodio admite una explicación. Juntos describen un sistema que la ciudadanía no puede auditar.
Nada de esto prueba, por sí solo, que Morillón haya desviado personalmente recursos. Sí demuestra que su firma, sus facultades y sus explicaciones atraviesan demasiadas operaciones que el Ayuntamiento no ha podido aclarar de manera completa.
No son preguntas retóricas. Todas pueden responderse con pruebas que deberían existir en los archivos municipales.
La firma de Morillón no es una sentencia. Pero tampoco es invisible. Abelina puso la cara. Morillón puso la firma.
Ahora le toca poner las pruebas.
La investigación se construyó con contratos, CFDI, solicitudes de pago, padrones de proveedores, fuentes periodísticas y resoluciones públicas.
Solicitudes 1100-36 y 1100-89; CFDI asociado a /093; orden de compra 123-2025; cotización FRONTIS; contratos, padrones y fuentes públicas citadas.
Los montos corresponden a documentación revisada. Cuando no fue posible localizar un contrato íntegro o confirmar una equivalencia técnica, se señaló expresamente.
