Nuevos señalamientos de corrupción sacuden al Ayuntamiento de Acapulco, ahora por un presunto intento de sobreprecio en la compra de uniformes para la Policía Municipal.
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Prendas tácticas con precios de $60–$120 (promedio $70–$90), versus documentos con montos > $1,000 por unidad.
Cotización FRONTIS: $2,797,340.00 vs orden de compra: $4,856,848.94. Diferencia: $2,059,508.94.
Declaración atribuida al secretario de Seguridad en reunión interna. Se comparte el enlace público.
FRONTIS ofrece más piezas por menos; la orden oficial contempla menos uniformes, menor calidad y costo mayor.
Se conecta con casos previos: CAPAMA, camionetas y adquisiciones con discrepancias recurrentes.
¿Quién autorizó? ¿Quién pidió inflar? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Cierre directo: “el pueblo de Acapulco”.
Acapulco, Gro. — Nuevos señalamientos de corrupción sacuden al Ayuntamiento de Acapulco, ahora por un presunto intento de sobreprecio en la compra de uniformes para la Policía Municipal. Testimonios de elementos de Seguridad Pública y declaraciones directas del propio secretario del ramo, Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, revelan una operación que podría implicar un incremento artificial entre el 70% y el 170% del valor real del equipamiento, cifras que, vistas en conjunto, encajan en el patrón ya exhibido en casos anteriores como CAPAMA y el contrato inflado de camionetas.
Los policías municipales aseguran que los uniformes que se busca entregar al personal fueron adquiridos a través de TEMU, plataforma donde las prendas tácticas básicas —camisolas, gorras, pantalones tipo “tactical”— tienen precios que oscilan entre $60 y $120 pesos, con promedios verificables en el rango de $70 a $90 pesos. Esto contrasta fuertemente con los precios señalados en las órdenes de compra municipales que superan los $1,000 pesos por unidad, es decir: un sobreprecio de entre 900% y 1500% por pieza.
Durante una reunión interna, Bailleres expresó su rechazo a firmar documentos que —según él— intentaban legitimar este sobreprecio:
Enlace: https://www.facebook.com/share/p/17toviw3Mg/?mibextid=wwXIfr
La declaración encendió alarmas, pero el caso dio un giro mayor cuando se compararon dos documentos:
Cotización oficial del proveedor FRONTIS (22 de octubre de 2025): $2,797,340.00 por todo el paquete de uniformes
Orden de compra emitida por el Ayuntamiento: $4,856,848.94, a nombre de Ana Karen Mondragón González, representante de una empresa ubicada en Plaza Constituyentes, frente a la Unidad Deportiva Vicente Suárez de nombre comercial: IMART.
La diferencia asciende a $2,059,508.94, equivalente a:
Es decir: más gasto, menos piezas, y calidad inferior.
Exactamente el mismo tipo de operación que se observó en el caso de las camionetas replicando el mismo patrón de operación:
Es exactamente la misma operación: un precio real… y un precio oficial que parece inflado para alguien más. ¿Para Quién?
Entre el personal policial, la presunta maniobra ha sido atribuida al secretario de Finanzas, Carlos Morillon, quien ya había sido señalado por avalar adquisiciones dudosas con diferencias de entre 40% y 200% sobre el valor real del mercado (como en camionetas, mobiliario y servicios de comunicación).
La repetición de discrepancias numéricas —en distintas dependencias y con distintos proveedores— fortalece la percepción de un posible esquema sistemático, no un error administrativo aislado.
Presuntamente, tanto Ana Karen Mondragón como el secretario de Finanzas, Carlos Morillon, habrían realizado operaciones financieras que terminaron beneficiando a la empresa IMART, pese a que el presupuesto inicial de FRONTIS ofrecía casi el doble de uniformes a un costo significativamente menor.
Este episodio se suma a otros casos donde los números oficiales no corresponden a ningún rango de mercado razonable:
Tres dependencias diferentes. Tres proveedores distintos. Tres montos que exceden los valores reales. Un solo hilo conductor: el dinero público pagando más… sin explicación.
Es decir, los uniformes ya podrían estar entregados, pero permanecen retenidos por la falta de firma ante la discrepancia en los montos.
Esto agrava la inconformidad del personal operativo, que trabaja sin el equipamiento básico mientras observa cómo las áreas administrativas parecen más ocupadas justificando montos que atendiendo necesidades reales.
El contraste entre lo dicho por el secretario —“no voy a firmar la robadera”— y el comunicado institucional posterior que reduce todo a un “malentendido” aumenta la tensión.
Esa contradicción, por sí misma, ya es materia para:
Si un proveedor cotizó $2.7 millones, ¿Quién autorizó una orden de casi 5 millones a nombre de Ana Karen Mondragón?
Si TEMU vende las prendas en $70 pesos, ¿Quién defendió que costaban mil pesos?
Si el patrón se repite en CAPAMA, camionetas y uniformes, ¿Es coincidencia… o es estructura?
Si el secretario habló de “robadera” ante su tropa, ¿Qué ocurrió después para que públicamente dijera que todo fue un malentendido?
¿Quién pidió inflar el monto? ¿Quién esperaba la firma? ¿Quién gana con la diferencia? ¿Quién pierde? (acertaste: el pueblo de Acapulco)
Y la pregunta más directa, la que ya todos hacen en la calle, en la tropa y en los pasillos: ¿Hasta cuándo va a seguir la robadera… con TEMU, con camionetas y con lo que sigue?
